La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró el desmantelamiento del modelo económico socialista implantado por el fallecido dictador Hugo Chávez mediante reformas legales exprés aprobadas por el Parlamento oficialista.
Esto lo hizo con el propósito de revertir el control estatal y reincorporar al país a los mercados financieros globales tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
El giro radical del ejecutivo venezolano se hizo evidente el 13 de mayo con el anuncio del inicio de una reestructuración integral de la deuda pública externa y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta medida busca negociar con los acreedores los plazos de los créditos impagados desde 2017 y obtener condonaciones financieras.
La estrategia de apertura económica incluyó el restablecimiento de las relaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, instituciones que fueron duramente cuestionadas por el chavismo en las últimas dos décadas.
Las corporaciones financieras internacionales recibieron la noticia con optimismo, lo que impulsó un repunte del 2% en los bonos soberanos y del 4% en los papeles de PDVSA.
Expertos financieros señalaron que la deuda externa venezolana oscila actualmente entre los 170.000 y 190.000 millones de dólares, frente a los 35.000 millones existentes en 1998, lo que representa la mayor carga crediticia del mundo en comparación con su Producto Interior Bruto (PIB), reducido ahora a una quinta parte de su tamaño de 2013.
Además de la política exterior, el gobierno interino suprimió las políticas de expropiación mediante la instalación de una comisión presidencial el pasado 22 de abril. Este organismo evalúa el aparato industrial público compuesto por 920 empresas estatales para determinar cuáles activos serán liquidados o transferidos al sector privado.
Organizaciones civiles como Transparencia Venezuela exigieron claridad en el proceso de privatización para evitar adjudicaciones opacas. Representantes de la organización indicaron que desde el año pasado se entregaron compañías completas a particulares mediante convenios de participación productiva sin la debida licitación pública.
Por otra parte, la AN aprobó modificaciones a las leyes de Hidrocarburos y de Minas, permitiendo el ingreso directo de capitales privados nacionales y extranjeros a la explotación de recursos naturales. La medida generó fisuras en los sectores radicales del oficialismo, quienes catalogaron la reforma como una violación a la soberanía.
El ejecutivo mantiene abierta también una comisión para reformar la Ley Orgánica del Trabajo mediante el consenso con sectores empresariales y sindicales. Politólogos y sociólogos locales coinciden en que la actual élite gobernante ejecuta un desmantelamiento del modelo económico más profundo que el planteado históricamente por la propia oposición.
Voceros parlamentarios del oficialismo justificaron las medidas bajo el concepto de “pragmatismo chavista”. Los legisladores aseguraron que las decisiones de la presidenta encargada buscan proteger a la población de nuevas acciones militares extranjeras y evitar el estallido de una guerra civil en el territorio nacional.
Los analistas políticos advierten que el proyecto gubernamental actual apunta a consolidar un sistema de apertura de mercados con restricción de libertades políticas.
La propia Rodríguez instó públicamente a corregir los errores económicos del pasado, confirmando que las reformas estructurales continuarán en los próximos meses.
Hoy, en Caracas, durante mi visita al Hospital Domingo Luciani y al Hospital Pérez Carreño, he podido comprobar de primera mano cómo los suministros médicos procedentes de los Estados Unidos benefician al pueblo venezolano. El plan de tres fases del @POTUS y @SecRubio ha… pic.twitter.com/dlcvkqmxfn
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 18, 2026
