El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro muertos en aguas internacionales y que ahora coloca al histórico dirigente del régimen ante cargos de conspiración, homicidio y destrucción de aeronaves.

La imputación, revelada el 20 de mayo de 2026, incluye a Castro, de 94 años, y a otros cinco señalados por su presunta participación en la operación militar ejecutada el 24 de febrero de 1996 contra dos aviones desarmados operados por la organización del exilio cubano Brothers to the Rescue, conocida en español como Hermanos al Rescate.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres tenían ciudadanía estadounidense y Morales era residente legal en Estados Unidos. Para la justicia federal, el caso representa uno de los expedientes más graves contra altos mandos cubanos por hechos cometidos durante el régimen de Fidel Castro.

La acusación sostiene que las aeronaves realizaban una misión civil y no estaban armadas cuando fueron derribadas sobre aguas internacionales. El Departamento de Justicia atribuye el ataque a fuerzas cubanas y acusa a los imputados de participar en una operación que terminó con la muerte de los cuatro tripulantes.

¿Cuáles son los cargos que enfrentaría Raúl Castro?

Los cargos contra Castro incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos por destrucción de aeronaves. La causa podría exponer al exmandatario cubano a una condena de cadena perpetua, aunque el proceso enfrenta límites prácticos por la ausencia de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

El fiscal general adjunto Todd Blanche defendió la acusación como una respuesta tardía, pero necesaria. “Si matas estadounidenses, te perseguiremos”, afirmó al presentar el caso. El funcionario sostuvo que las familias de las víctimas esperaron tres décadas por una acción judicial.

Además de Raúl Castro, Estados Unidos imputó a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Las autoridades los vinculan con distintos niveles de responsabilidad en la cadena militar cubana relacionada con el derribo.

Castro dejó la dirección formal del Partido Comunista de Cuba en 2021, pero conserva peso político dentro del aparato de poder. La acusación llega en medio de una ofensiva de Washington contra La Habana, con sanciones, presión diplomática y un discurso más directo hacia la cúpula militar cubana.

Horas antes de conocerse la imputación, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en español dirigido al pueblo cubano. Reuters reportó que Rubio ofreció una nueva relación con Cuba y propuso 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con distribución a través de la Iglesia Católica u otras organizaciones confiables.

Rubio también acusó a los dirigentes cubanos de provocar la crisis interna por corrupción y desvío de recursos. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, dijo en el mensaje citado por Reuters.

El régimen cubano rechazó la imputación y la presentó como una maniobra política. Miguel Díaz-Canel calificó la medida como una “acción política, sin ningún basamento jurídico”, mientras defendió a Raúl Castro y acusó a Washington de manipular el caso para justificar una agresión contra la Isla.

El proceso revive un episodio que marcó las relaciones entre Washington y La Habana durante casi 30 años. Para Estados Unidos, el expediente busca rendición de cuentas por la muerte de civiles. Para el régimen cubano, se trata de una nueva fase de presión. La disputa judicial abre otro frente en una relación marcada por sanciones, crisis energética y tensión política.